El trabajo legislativo responsable exige rigor técnico, análisis comparado y participación ciudadana. Desde la Comisión de Desarrollo Económico, el asambleísta Diego Franco ha promovido que todas las propuestas de ley pasen por evaluaciones serias de impacto económico y social. Esta metodología ha permitido que las reformas impulsadas tengan mayor efectividad y coherencia con las necesidades del país.
Las sesiones de la Comisión han incluido comparecencias de gremios, expertos, universidades, cámaras productivas y entidades del Gobierno. Este diálogo multisectorial ha derivado en informes robustos, con insumos provenientes de territorio y de metodologías técnicas como análisis costo-beneficio y escenarios de implementación.
Esta forma de legislar fortalece la institucionalidad del país y garantiza que las nuevas normas beneficien tanto a empleadores como a trabajadores. El compromiso es claro: leyes con sustento técnico, sin improvisación, con enfoque productivo y con visión de largo plazo.
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