Hoy vuelvo a decirlo en voz alta, con la misma indignación con la que lo expresé el día de hoy en la Comisión de Desarrollo Económico, no es aceptable que mientras hay barrios sin agua potable, calles destruidas y servicios colapsados, existan gobiernos locales que destinan recursos a fiestas y eventos como si eso fuera prioridad. Y me impactó aún más conocer que solo en Manabí, se habría llegado a hablar de USD 6 millones usados en este tipo de rubros. Esa no es la Manabí que merecemos una provincia trabajadora necesita obras que duren, no gastos que se esfumen en un fin de semana.
Por eso esta Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto en los GADs pone orden donde hace falta, en el uso del dinero público de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, para que el presupuesto no se quede “atrapado” en gasto administrativo, sueldos y funcionamiento, sino que vaya a lo esencial, agua potable, alcantarillado, vialidad, mantenimiento, recolección de basura y obra pública útil. Y lo más importante, no quita autonomía, porque no decide desde Quito qué obra hacer, exige que el presupuesto se enfoque en lo que sí cambia la vida.
La propuesta es clara y medible, los GADs deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto institucional anual a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y activos públicos que sostienen los servicios. Además, obliga a transparentar la composición del gasto y a reportarlo trimestralmente, para que la ciudadanía pueda mirar, comparar y exigir. Y si no se cumple, se activa el esquema correctivo previsto en el marco constitucional y legal, para evitar que el premio sea el despilfarro.
Esta ley también entiende la realidad, no se puede pedir cambios de golpe a todos por igual. Por eso incluye gradualidad (por ejemplo, desde 2027 con metas progresivas hasta llegar al 70%) y un régimen especial para parroquias rurales de menor escala, que necesitan un camino más realista para cumplir sin afectar su operación.
Ordenar no es castigar, es planificar, priorizar y asegurar que cada dólar tenga impacto.
¿Y por qué esto es especialmente importante para Manabí?
Porque aquí cada invierno fuerte, cada vía dañada y cada sistema de agua que falla se traduce en pérdidas productivas, problemas de salud y costos para las familias. Si logramos que el gasto se concentre en servicios y mantenimiento, ganan los emprendedores, el comercio, el turismo, la pesca y la agricultura, porque un territorio con infraestructura funcional produce más y vive mejor.
Esta ley busca algo sencillo, pero transformador, que el dinero del territorio se sienta en la vida diaria en agua, vías y servicios y no se diluya en gastos que no resuelven lo urgente.