En octubre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate de la Ley para Fortalecer a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, calificada como urgente en materia económica, con el asambleísta Diego Franco como ponente principal. El debate, realizado en un contexto parlamentario intenso, enfrentó posiciones entre bancadas a raíz de diversos enfoques sobre seguridad ciudadana, corresponsabilidad y garantías fiscales.
La propuesta legislativa introduce incentivos tributarios y mecanismos de cooperación público-privada para dotar a las instituciones de seguridad con equipamiento, suministros y tecnología clave. Franco argumentó que la norma responde a una necesidad prioritaria: fortalecer la operatividad institucional ante el avance del crimen organizado, garantizar la protección de la ciudadanía y elevar los niveles de seguridad en todo el territorio nacional. Su discurso técnico destacó la importancia de un enfoque integral que combine recursos estatales con responsabilidad y transparencia en el uso de incentivos.
A pesar de tensiones en el Pleno que incluyeron debates acalorados entre miembros de Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana, la iniciativa continuó su trámite, culminando con la aprobación en el pleno legislativo. La ley refleja una propuesta innovadora en materia de seguridad interna, buscando dotar de herramientas legales y recursos necesarios a las fuerzas del orden, con énfasis en resultados prácticos y protección de derechos ciudadanos.
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