Durante las sesiones del 16 de julio de 2025, la Comisión de Desarrollo Económico tomó una decisión relevante al archivar el proyecto de ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias por motivos de inconstitucionalidad y falta de viabilidad normativa. Este proceso, liderado en esa fase bajo la presidencia encargada del asambleísta Diego Franco, demuestra que el tratamiento legislativo no solo implica aprobación de iniciativas, sino también proteger la coherencia del marco jurídico nacional.
La decisión fue tomada tras un análisis riguroso que concluyó que el informe unificado de diez propuestas legislativas no era compatible con el orden constitucional vigente ni con los principios del sistema económico actual. Esta acción demuestra que la Comisión puede ejercer fiscalización técnica y criterio jurídico, incluso cuando se enfrentan iniciativas bien intencionadas, pero carentes de sustentación jurídica sólida.
Paralelamente, la mesa legislativa aprobó la creación de tres subcomisiones temáticas especializadas para abordar con mayor profundidad aspectos como economía social solidaria, comercio y puertos y fronteras. Esto permite distribuir cargas de trabajo y avanzar en la revisión de propuestas con mayor especialización técnica, acercando la legislación a las realidades productivas y sociales del Ecuador
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