En octubre de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó y posteriormente aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, una iniciativa calificada como urgente en materia económica tanto por el Ejecutivo como por la Comisión de Desarrollo Económico. El asambleísta Diego Franco actuó como ponente del informe, defendiendo el contenido de la propuesta ante el pleno legislativo y articulando argumentos para avanzar con apoyo mayoritario.
Durante su intervención, Franco subrayó que esta ley representa una respuesta institucional frente al aumento de la violencia y la criminalidad organizada, enfatizando que las instituciones civiles y militares requieren de recursos logísticos, tecnológicos y de cooperación con el sector privado para cumplir con su mandato de garantizar seguridad ciudadana. Señaló además que temas como la corresponsabilidad empresarial y los incentivos tributarios no solo deben verse como medidas fiscales, sino como mecanismos para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de las familias ecuatorianas.
El Pleno aprobó el proyecto con una amplia mayoría de 82 votos, reflejando un acuerdo legislativo transversal pese a las observaciones de algunos sectores de oposición que plantearon cuestionamientos sobre el uso de incentivos fiscales relacionados con donaciones. Este ejercicio legislativo mostró la capacidad de Diego Franco para defender posiciones técnicas, gestionar discusiones complejas y lograr consensos orientados a resultados tangibles en materia de seguridad pública.
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